Potenciales fuentes de contaminación de la actividad minera

Históricamente, la minería no ha sido una de las principales actividades económicas del Ecuador. Sin embargo, hoy se lo quiere posicionar como un país minero, justificativo para la incursión en proyectos de minería a gran escala y a cielo abierto, a pesar de que este tipo de minería conlleva a enormes impactos ambientales y sociales que no pueden ser evitados con el uso de tecnología de punta (INREDH, 2017; Murillo y Hurtado, 2016).

Hasta ahora, la minería legal en Ecuador, bajo el régimen de pequeña minería y minería artesanal, incluye procesos de extracción, transporte y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos. El manejo inadecuado de dichos procesos genera impactos ambientales que sin una gestión apropiada se pueden convertir en fuentes de contaminación.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente, ha levantado información de la industria minera en el período 2010-2016, y ha identificado tres tipos de fuentes de contaminación por manejos antitécnicos:

  • Drenajes de mina sin tratamiento previo a su descarga. El proceso de explotación minera expone minerales metálicos que no son objeto de extracción, pero que, al estar en contacto con la humedad y el aire, incrementan el riesgo de generación de drenajes ácidos de mina.
  • Manejo antitécnico de escombreras. La explotación minera involucra la remoción de material rocoso que contiene minerales económicamente rentables y roca estéril triturada. Esta última es depositada en escombreras, áreas destinadas al almacenamiento temporal o definitivo de este tipo de residuos. Su manejo no técnico implica la falta de adecuaciones tales como la preparación del terreno, impermeabilización, drenajes internos y externos, y manejo de lixiviados.
  • Manejo antitécnico de relaveras. El material rocoso que contiene minerales económicamente rentables es llevado a una planta de beneficio para someterlo a procesos físico-químicos y extraer las restos que sean de interés para la industria. De allí se obtienen como desecho arenas con minerales secundarios y productos químicos, que son dispuestas en áreas para su almacenamiento temporal o permanente; estos lugares son conocidos como “relaveras”. Un mal manejo de ellas involucra la ausencia de procesos tales como estabilización del terreno, impermeabilización, drenajes externos y tratamiento del espejo de agua.

Es importante señalar que en Ecuador no se ha erradicado la minería ilegal ni sus impactos negativos para el ambiente. Las probables fuentes de contaminación resultantes no son registradas por parte del PRAS, debido a que no es una actividad regularizada por la autoridad ambiental competente.

En el mapa se puede observar que la mayoría de fuentes de contaminación provenientes de la minería, principalmente escombreras (288) y drenajes de mina (215), se encuentran en el bosque seco andino. El bosque siempreverde andino alberga una menor proporción, aunque también importante: 86 escombreras y 56 drenajes de mina.

Otra mirada frente a la minería

De acuerdo a otras fuentes (INRED, 2017, Murillo y Hurtado, 2016), externas al sector público, actualmente los cinco proyectos mineros a gran escala en Ecuador: Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Río Blanco y Loma Larga. Los tres primeros[1] se encuentran en la cordillera del Cóndor, una de las zonas más biodiversas del Ecuador y en donde viven varias comunidades indígenas, la mayoría de las cuales se oponen a la actividad minera. Las concesiones del proyecto Mirador se encuentran en la provincia de Zamora Chinchipe y afectan a varias parroquias, sobre todo Tundayme (34% de su territorio) y El Guismi (11%). Los pueblos Shuar y Saraguro son los principales perjudicados por estos proyectos (Murillo y Hurtado 2016), que en total abarcan una superficie de 125 000 hectáreas (INREDH 2017).

Azuay es otra provincia afectada. El proyecto Loma Larga (antes conocido como Kimsacocha) abarca una superficie de 7 960 hectáreas de los páramos del Parque Nacional Cajas. Las principales parroquias perjudicadas son Chumblín (40% de su territorio) y San Gerardo (26,7%). Una gran fracción de las tierras de pueblos ancestrales Kichwas (1 986,81 hectáreas) lindan con las concesiones (Murillo y Hurtado 2016). Por su parte, el proyecto Río Blanco, que abarca 4 979 hectáreas, se interseca con el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo y está a menos de un kilómetro de los páramos del Parque Nacional Cajas. Estos dos proyectos amenazan las reservas de páramo de la provincia, que, como vimos, cumplen un rol importante en la regulación hídrica, y brindan diversos servicios ecosistémicos (Ibid).

En el afán de posicionar a Ecuador como país minero y minimizar la conflictividad social, se habla de “minería sustentable”, gracias al uso de tecnología de punta. Sin embargo, está demostrado que no existe nada que reduzca los enormes impactos, tanto ambientales (contaminación, pérdida de biodiversidad, transformación del paisaje) como sociales (falta de acceso a agua de calidad para consumo y producción, enfermedades, transformación de formas de vida) de este tipo de minería (INREDH 2017; Murillo y Hurtado 2016)

[1] Las empresas concesionarias de estos proyectos son EcuaCorrientes S. A., del consorcio chino CRCC Tongguan (Proyectos Mirador y Panantza-San Carlos) y la empresa sueco-canadiense Lunidin Gold Corp. (Fruta del Norte).