Minería

Los proyectos mineros son considerados unos de los procesos de mayor impacto en cuanto a contaminación ambiental, con repercusiones en aire, suelo, agua, salud humana y economía local (Parodi 2010). El agua es el recurso que más preocupa a quienes analizan las repercusiones de la explotación minera y sus operaciones sobre las poblaciones vecinas, pues es el más susceptible de ser contaminado (Herrera, Arias y López 2012).

Durante los últimos años se han desarrollado estudios que identifican el potencial minero en Ecuador y herramientas que permiten habilitar el desarrollo de minería a gran escala, así como mecanismos de control. En este contexto, se prevé un impulso de esta actividad productiva, ya que en el período 2016-2017 se concesionaron para minería aproximadamente 2,9 millones de hectáreas de tierra (Vandergrift et al. 2018)

Este impulso se hace con el compromiso —del Gobierno ecuatoriano y de las empresas a cargo— de alcanzar estándares de calidad, tecnología y responsabilidad con el medio ambiente; sin embargo, a nivel mundial existe un gran cuestionamiento sobre la real posibilidad de implementar la llamada “minería sustentable”, una minería a gran escala que no cause mayores impactos ambientales (Zorrilla 2010). Este tipo de minería requiere el uso de una gran cantidad de químicos, un alto consumo de agua y la acumulación de enormes cantidades de desechos mineros. La suma de estos tres componentes es particularmente nociva en las zonas tropicales andinas del Ecuador, en donde, por la presencia de lluvia y aire húmedo, existe un alto riesgo de oxidación de rocas sulfuradas, lo que provoca la acidificación de las aguas superficiales y subterráneas (Acosta 2012).

Si bien no existe un indicador ODS que especifique el monitoreo de los desechos generados por explotaciones mineras, el 12.4.2 —que habla sobre desechos peligrosos tratados y generados— y el 6.3.2 —“Proporción de masas de agua de buena calidad”— tienen una relación directa con las consecuencias que pueden generar las actividades de minería a gran escala. También se puede considerar de gran relevancia al indicador 16.7.2, con respecto a la inclusión de la población en la toma de decisiones para dar o no paso a la explotación minera.

El mapa muestra las concesiones registradas hasta el año 2017 y catalogadas como “en trámite”, “inscritas” y/u “otorgadas” por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero, institución estatal a cargo de controlar las actividades mineras para alcanzar estándares de aprovechamiento, responsabilidad y uso sostenible de estos recursos no renovables. Además, se muestran las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como los bosques y vegetación protectora. Se busca facilitar la visualización de las zonas de restricción de minería metálica en todas sus etapas (que incluye áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos), de acuerdo a la consulta popular llevada a cabo en febrero de 2018.