Mujeres en gobiernos locales

La búsqueda de igualdad de género en cuanto a representatividad electoral inició en Ecuador en 1997 (lo que lo convirtió en líder en la región Andina), con la Ley de Amparo Laboral de la Mujer. En ella se dispuso que las listas electorales estuvieran conformadas en un 20% por mujeres. Posteriormente, en el año 2000, la Ley Orgánica de Elecciones incrementó este porcentaje al 30% y dispuso la alternabilidad. Finalmente, la Constitución del 2008 ratificó la paridad y la alternancia en el sistema electoral, para garantizar su aplicación (Aído 2014).

A pesar del respaldo legal, que incluye un principio constitucional, los resultados electorales muestran que la proporción de candidatas mujeres que ganan y acceden a los cargos políticos es relativamente baja. Por ejemplo, en las elecciones seccionales de 2014, para las prefecturas, las candidatas mujeres constituyeron el 13,8%, y para las alcaldías, el 12,2%. Las políticas impulsadas por mujeres toman en cuenta aspectos como la violencia intrafamiliar, el cuidado infantil y la seguridad ciudadana, previamente poco valorados y visibilizados.

El mapa muestra los resultados de las elecciones de representantes parroquiales del año 2014, y se nota claramente la prevalencia masculina.

La dificultad para alcanzar la meta de paridad electoral —es decir, participar en igualdad de condiciones y oportunidades— requiere superar brechas no solo legales, sino también las subyacentes: condiciones en el hogar, responsabilidad en el cuidado de la familia, nivel de estudios, salarios, entre otras. Sin embargo, “mientras las mujeres no sean parte de la toma de decisiones, las brechas de género existentes persistirán” (Aído 2014), al igual que la falta de medidas y políticas para frenar los distintos tipos de violencia a los que están expuestas.