Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del mundo (Burneo 2008). Aun siendo el más pequeño de los siete que conforman el Arco Andino, alberga 91 ecosistemas (65 de los cuales son ecosistemas boscosos) (MAE 2013) y una alta riqueza de especies. Por ejemplo, se estima que en Ecuador hay 1 642 especies de aves, que representan más del 16% del total conocido a nivel global (Larrea et al. 2015). Otros grupos con una riqueza de especies excepcional son los mamíferos (416 especies), los anfibios (558 especies), los peces de agua dulce (951 especies) y las orquídeas (más de 4 300 especies) (García, Parra y Mena 2014). Al mismo tiempo, Ecuador es el país más densamente poblado de los Andes, con 58 habitantes/km², con una población predominantemente urbana (74% del total) (Cuesta, Villagómez y Sili 2017). Convivimos con especies y ecosistemas únicos en el mundo, y al mismo tiempo necesitamos responder a inequidades persistentes en el acceso de las poblaciones locales a oportunidades para desarrollarse, especialmente en áreas rurales. El reto fundamental que compartimos con nuestros vecinos en la región es encontrar modelos y mecanismos de desarrollo inclusivo y sostenible, que no comprometan los ecosistemas ni los bienes y servicios que estos proveen a las poblaciones de los países andinos y a nivel global.

Ante esta realidad, necesitamos herramientas de gestión de conocimiento y planificación que representen de forma adecuada la complejidad de los contextos sociales, económicos y ambientales presentes en Ecuador. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, es un esfuerzo global para incorporar las múltiples dimensiones asociadas al bienestar humano y la salud de los ecosistemas del planeta. En Ecuador, la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda adquiere relevancia especial en el marco de la importancia global del patrimonio natural y cultural del país, y de la necesidad de fortalecer la capacidad de planificar a largo plazo, integrando de forma efectiva objetivos económicos y de conservación y restauración de la naturaleza.

La división tradicional del Ecuador en Costa, Sierra y Amazonía, si bien es útil, enmascara la complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza existentes en el país. En el presente análisis, utilizamos un enfoque ecosistémico para caracterizar de una forma más completa dichas relaciones, intentando mantener un balance entre la diversidad de ecosistemas del país y las necesidades de información simple y accionable para la gestión del territorio a escala local y nacional. Una premisa importante de este ejercicio es que las personas que viven en áreas urbanas o rurales, en paisajes de bosque seco andino o bosque pluvial amazónico, enfrentan retos y oportunidades específicas según las condiciones socioambientales. Para alcanzar el desarrollo sostenible, la gestión del territorio debe tomar en cuenta las variaciones en el contexto de riesgos, potencial productivo, historia de ocupación del territorio, entre otros factores (Dale et al. 2000). Los contextos políticos también influyen en las trayectorias hacia la sostenibilidad, pues, dependiendo del modelo económico-productivo que guíe la política pública, así como de las relaciones de poder en que esté inmersa, la gestión del territorio puede tender a la sostenibilidad en mayor o menor medida (Robbins 2012).

Otro componente importante del presente Atlas es evidenciar la importancia de los ecosistemas andinos por sus comunidades bióticas únicas, su diversidad cultural y socioeconómica, y como proveedores de bienes y servicios ecosistémicos clave a distintas escalas. Los Andes ocupan el 47% del territorio nacional y albergan el 47% de la población total (INEC 2010). Los vínculos históricos entre distintas zonas de los Andes ecuatorianos, y entre los Andes y el resto de regiones del país, han marcado los patrones de ocupación y uso de la tierra, así como sus tendencias en el tiempo. Algunos ejemplos de estos vínculos están relacionados con la provisión de agua y alimentos y, más recientemente, con la generación de energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo, estos ecosistemas son extremamente vulnerables a los impactos del cambio ambiental global (cambio climático y cambio de cobertura y uso de la tierra). Existen evidencias sobre sus impactos negativos (p. ej., el retroceso de los glaciares y la alteración en la composición de comunidades bióticas) (Schoolmeester et al. 2018; Fadrique et al. 2018), lo que genera urgencia de respuestas enfocadas en la gestión sostenible del territorio.

Finalmente, el tercer pilar sobre el cual descansa este Atlas es la necesidad de promover un pensamiento integrado entre distintos temas y a distintos niveles de gobernanza, para identificar, caracterizar y responder a las barreras existentes para alcanzar los ODS (Figura 1). Por un lado, las organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil que trabajan para la consecución de los ODS necesitan promover sinergias (p. ej., entre la acción por el clima y el mantenimiento y la restauración de ecosistemas) e identificar conflictos potenciales (p. ej., entre la reducción de desigualdades y la producción y el consumo responsables) (Pradhan et al. 2017) entre los objetivos y sus metas, abandonando enfoques estrictamente sectoriales. Por otro lado, un valor clave de sostenibilidad es promover la articulación entre actores que operan a distintas escalas. El énfasis es que poblaciones y gobiernos locales encuentren espacios de comunicación, coordinación y colaboración con actores a escalas nacionales y supranacionales (Adams 2001).